La Confederación Española de Familias de Personas Sordas-FIAPAS valora positivamente las mejoras incorporadas en el régimen de becas para estudiantes universitarios con discapacidad, recogidas en el Real Decreto 922/2009, de 29 de mayo, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación para el curso 2009-2010, publicado el 30 de mayo de 2009.
No obstante, FIAPAS quiere manifestar su decepción al comprobar que en el citado Real Decreto no se han incorporado las demandas que, desde hace cinco años y a través del CERMI, se vienen planteando con objeto de lograr la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes universitarios con discapacidad, con independencia del grado de la misma. De forma muy particular, quieren hacer notar el perjuicio causado en el caso de la discapacidad auditiva.
Una vez más, se ha excluido a una parte importante del colectivo de personas con discapacidad al vincular medidas específicas para compensar una situación de desventaja exclusivamente con un grado de discapacidad, en este caso, igual o superior al 65%. En la gran mayoría de las ocasiones, a las personas con pérdidas auditivas, aún en los casos de sorderas severas y profundas, no se les reconoce un grado de discapacidad del 65%, salvo que presenten otras discapacidades asociadas. Y estos casos con pluridiscapacidad no son, precisamente, los que cursarán estudios universitarios.
El hecho de acceder a la Universidad no supone la eliminación de la totalidad de los problemas comunicativos y de acceso a la información derivados de la falta de audición, por lo que los estudiantes con sordera requieren que en la Universidad se mantengan las medidas de apoyo y refuerzo con las que han contado en las etapas educativas previas, que les permitirán finalizar sus estudios, sin que esto suponga ni invertir un mayor esfuerzo personal, ni un coste económico gravoso para los estudiantes y sus familias.
Por tanto, tras cinco años de espera, las expectativas que FIAPAS tenía ante este nuevo y esperado Real Decreto no se han visto satisfechas. Por el contrario, la nueva regulación dirigida a mejorar la situación del alumnado universitario con discapacidad finalmente viene a consagrar una situación de discriminación de los estudiantes con sordera dentro del propio colectivo de la discapacidad.
El Movimiento Asociativo de Familias de Personas Sordas-FIAPAS confía en que sus demandas sean tenidas en cuenta por el Ministerio de Educación de acuerdo con su actual política de igualdad y mejora de las oportunidades para el acceso a la educación de todos los ciudadanos, que ocupa además un lugar prioritario en la agenda de ese Departamento, y se puedan iniciar, cuanto antes, los pasos que lleven a corregir esta situación.
No obstante, FIAPAS quiere manifestar su decepción al comprobar que en el citado Real Decreto no se han incorporado las demandas que, desde hace cinco años y a través del CERMI, se vienen planteando con objeto de lograr la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes universitarios con discapacidad, con independencia del grado de la misma. De forma muy particular, quieren hacer notar el perjuicio causado en el caso de la discapacidad auditiva.
Una vez más, se ha excluido a una parte importante del colectivo de personas con discapacidad al vincular medidas específicas para compensar una situación de desventaja exclusivamente con un grado de discapacidad, en este caso, igual o superior al 65%. En la gran mayoría de las ocasiones, a las personas con pérdidas auditivas, aún en los casos de sorderas severas y profundas, no se les reconoce un grado de discapacidad del 65%, salvo que presenten otras discapacidades asociadas. Y estos casos con pluridiscapacidad no son, precisamente, los que cursarán estudios universitarios.
El hecho de acceder a la Universidad no supone la eliminación de la totalidad de los problemas comunicativos y de acceso a la información derivados de la falta de audición, por lo que los estudiantes con sordera requieren que en la Universidad se mantengan las medidas de apoyo y refuerzo con las que han contado en las etapas educativas previas, que les permitirán finalizar sus estudios, sin que esto suponga ni invertir un mayor esfuerzo personal, ni un coste económico gravoso para los estudiantes y sus familias.
Por tanto, tras cinco años de espera, las expectativas que FIAPAS tenía ante este nuevo y esperado Real Decreto no se han visto satisfechas. Por el contrario, la nueva regulación dirigida a mejorar la situación del alumnado universitario con discapacidad finalmente viene a consagrar una situación de discriminación de los estudiantes con sordera dentro del propio colectivo de la discapacidad.
El Movimiento Asociativo de Familias de Personas Sordas-FIAPAS confía en que sus demandas sean tenidas en cuenta por el Ministerio de Educación de acuerdo con su actual política de igualdad y mejora de las oportunidades para el acceso a la educación de todos los ciudadanos, que ocupa además un lugar prioritario en la agenda de ese Departamento, y se puedan iniciar, cuanto antes, los pasos que lleven a corregir esta situación.
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