La comisionada de género del CERMI pide en la ONU la erradicación de la esterilización forzada de las mujeres con discapacidad

CERMI
Fecha de Publicación:
02/03/10

Los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia de género protagonizan desde este lunes y a lo largo de dos semanas una larga lista de actos en Naciones Unidas, con motivo del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo.
Esta mañana tuvo lugar la apertura de la 54 sesión de la Comisión de la ONU sobre el Estatus Jurídico y Social de la Mujer, a la que han asistido representantes de unos 70 países, incluida una delegación española presidida por la ministra española de Igualdad, Bibiana Aído.
La Comisionada de Género del CERMI, Ana Peláez, recordó este lunes ante dicha Comisión el compromiso de los Estados miembros con las niñas y mujeres con discapacidad a través de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, así como de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“Es fundamental reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres con discapacidad, así como luchar por la erradicación de la esterilización forzada que están sufriendo muchas niñas y mujeres, especialmente aquéllas con discapacidad intelectual y enfermedad mental, bajo el pretexto de su propio bienestar.” destacó Peláez.
Sobre las esferas de especial preocupación definidas en Beijing, Peláez se refirió a la necesidad de realizar estudios que visibilicen la violencia de género a la que están sometidas las mujeres con discapacidad. Asimismo afirmó que “es urgente incluir a las niñas y mujeres con discapacidad en las acciones que se están llevando a cabo para el cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing y los Objetivos de Desarrollo del Milenio”.

El mantenimiento del supuesto eugenésico en la nueva regulación del aborto es contrario a la Convención de la ONU, según el CERMI

CERMI
Fecha de Publicación:
01/03/10

El mantenimiento en la nueva regulación del aborto del supuesto eugenésico, aquel que se practica por causa de discapacidad en el feto, es contrario a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España.
Con arreglo a este tratado internacional, que forma parte del Derecho positivo español, no cabe dar un trato más desfavorable por causa de discapacidad, ya que supone una discriminación que atenta contra el derecho fundamental a la igualdad.
La nueva regulación aprobada definitivamente por la Cortes Generales esta semana mantiene el supuesto excepcional de aborto por razón de discapacidad (“graves anomalías”), en cuyo caso se amplía el límite temporal genérico de 14 semanas en el que no hay que acreditar motivo para la intervención, hasta uno específico de 22 semanas.
Esta diferenciación, en función de si concurre o no discapacidad en el feto, constituye un trato menos desfavorable, que a la luz de la Convención de la ONU no resulta admisible.
El CERMI lamenta que la mayor parte de los Grupos Parlamentarios del Congreso y el Senado no hayan hecho suya la visión de discapacidad y derechos humanos que se desprende de la Convención de la ONU, y que se proyecta necesariamente sobre la regulación de la interrupción del embarazo.
En relación con la legislación anterior, que la actual deroga, sí se han incluido otros aspectos que mejoran la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. Gracias a la aceptación de diversas enmiendas propuestas por el CERMI, se ha de garantizar la orientación e información accesibles a los progenitores con discapacidad, para que puedan tomar decisiones plenamente autónomas. De igual modo, en el caso de discapacidad en el feto, se han previsto dispositivos de información y orientación para los progenitores acerca de lo que representa esa discapacidad y de los apoyos y redes sociales existentes para apoyar a la maternidad.
El CERMI, como organismo de la sociedad civil encargado del seguimiento y aplicación de la Convención en España, recogerá esta infracción en su informe anual correspondiente al año 2010, y la elevará al Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU para que se pronuncie sobre si esta legislación es o no contraria al tratado internacional, y en su caso dirija la correspondiente recomendación de cambio al Reino de España como Estado parte.