El Cermi insiste en que la formación para el empleo debe ser accesible para los discapacitados

Servimedia, 23 de agosto de 2010 a las 13:44

La formación para el empleo debe ser totalmente accesible a las personas con discapacidad, lo que implica la adaptación de instalaciones, materiales didácticos y sistemas informáticos, entre otros.

Así figura en el Boletín Oficial del estado (BOE), y en la nueva normativa del Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo e Inmigración, donde todas estas demandas referidas a la formación profesional del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) quedan recogidas.

Según este reglamento, los centros y entidades de formación pertenecientes al subsistema de formación profesional para el empleo �deben disponer de los medios necesarios para garantizar la accesibilidad universal, a fin de evitar la discriminación de las personas discapacitadas y asegurar la igualdad de oportunidades".

Entre otros requisitos, la normativa recoge la presencia obligatoria de intérpretes para las personas sordas; la adaptación de los materiales didácticos a las personas con deficiencia visual (total o parcial); la accesibilidad universal de los cursos dirigidos en exclusiva a discapacitados, y el fomento de las plataformas digitales y nuevas tecnologías.

Resolución de 29 de julio de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula la inscripción y en su caso acreditación de centros y entidades de formación que imparten formación de oferta para el empleo en el ámbito de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal.

EL GOBIERNO ULTIMA UN REAL DECRETO PARA QUE TODAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PUEDAN VOTAR EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

El Gobierno central está ultimando un real decreto para garantizar que todas las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a votar en las próximas elecciones catalanas, que tendrán lugar en otoño, así como en los comicios autonómicos y municipales de 2011.

Así lo aseguró el secretario general de Política Social y Consumo, Francisco Moza, el pasado 13 de abril, durante su comparecencia en la Comisión de Políticas de Discapacidad del Congreso de los Diputados, en la que informó sobre la adaptación de la legislación española a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Según explicó, las "personas con discapacidad siguen encontrando dificultades para ejercer su derecho a voto", fundamentalmente relacionadas con la accesibilidad del colegio electoral. Con este real decreto, recalcó, se tomarán medidas para que este colectivo pueda votar sin mayores dificultades.

Además, el Gobierno reformará la Ley orgánica reguladora de los procesos electorales para que las personas discapacitadas también puedan ser presidentes o vocales de la Mesa Electoral, medida que el Ministerio de Sanidad y Política Social quiere que esté implantada en las elecciones de autonómicas y municipales de 2011.

AUMENTO DE EMPLEO PÚBLICO POR LEY

Moza también afirmó que otra de las modificaciones legales que hará el Gobierno será aumentar por ley del 5 al 7 por ciento las plazas públicas de la Administración General del Estado reservadas para este grupo social, siendo este aumento del 2 por ciento para las personas con discapacidad intelectual.

Asimismo, explicó que, a pesar de no estar recogido en una ley, el Gobierno ya reserva, desde el año pasado, el 7 por ciento a este colectivo, aunque admite que el reto ahora es lograr que se ocupen esas plazas.

VIVIENDAS ACCESIBLES

Otro de los aspectos a reformar para dar cumplimiento a la Convención de la ONU es la Ley de Propiedad Horizontal. Francisco Moza espera que su departamento, el Ministerio de Vivienda y el CERMI lleguen a un acuerdo "antes de verano" para que en los edificios se pueda instalar una rampa o un ascensor que garantice la movilidad de las personas discapacitadas sin causar un grave perjuicio económico a la comunidad de vecinos.

Además de otras normas en materia educativa y sanitaria, el Ejecutivo también modificará la legislación sobre protección civil para que se establezcan protocolos de evacuación de personas con discapacidad en situaciones de emergencia.